La crisis económica y el populismo como forma de hacer política (II).

Coincidiendo con la transición desde la estrategia de la catalanización al “procesismo”, tuvo lugar la crisis económica más dura que ha sufrido España, Europa y, probablemente, el mundo. La precariedad económica sufrida durante casi diez años es otro de los detonantes del auge del independentismo, aunque tampoco se puede afirmar que sea la causa más importante en el mantenimiento del “procesismo” y el incremento de la masa social favorable a la secesión. Que la crisis no es un dato determinante, se comprueba al observar que la “recuperación económica” del último año debería haber supuesto una disminución del independentismo, cosa que no ha sucedido. Es decir, el elemento económico contribuyó a la causa, pero no es el pilar fundamental. De hecho, el movimiento parece indemne a los problema económicos (incluso los generados por el propio independentismo).

No obstante, la crisis económica sí que habría servido para lograr varios objetivos que hasta el segundo lustro del siglo XXI no habían sido posibles. El primero, la permeabilidad del secesionismo hacia estratos sociales tradicionalmente contrarios al independentismo. El segundo, y aunque aquí la crisis no sea la única causa, habría contribuido igualmente a la movilización social. Abordaremos esta cuestión desde estos dos planos.

Hasta hace diez años la sociedad catalana estaba dividida en tres tercios (Fuente: Instituto El Cano): 1º) Un primer grupo social que incluía a la población en el medio rural y a clases medias y altas en espacios urbanos, cuya única o principal identidad nacional era la catalana; este grupo social se caracterizaba por un hecho diferencial lingüístico-cultural y su relativa mayor prosperidad dentro de España; 2º) Un grupo sociológico menos consistente y movilizado compuesto por descendientes de inmigrantes llegados de otras regiones de España que tenían una identidad predominantemente española y el castellano como lengua materna; y 3º) Un último grupo social, heterogéneo, fundamentalmente urbanita, que asumían una doble identidad catalana-española y que tendían a ser bilingües en su vida diaria.

Esta estructura sociológica tan plural y compleja se plasmó en el dominio de dos grandes partidos políticos moderados (dentro del amplio espectro no independentista): a) el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), como partido que habría aglutinado el voto del segundo y, parcialmente, tercer tercios; y b) Convergencia i Unió (CiU), fuerza nacionalista de centro-derecha, que habría aglutinado el voto del primer tercio y se disputaba el del tercer tercio con el PSC. Es verdad que la disposición del voto cambiaba y que era diferente en función de que las elecciones fueran nacionales (donde el voto mayoritario se decantaba por el PSC) o autonómicas (donde CiU ganó con sucesivas mayorías absolutas), pero la estabilidad de Cataluña ha basculado en torno a estos dos partidos.

El “procesismo”, aprovechándose de las reivindicaciones de las clases sociales más afectadas por la crisis, logró incorporar a un sector tradicionalmente anti-independentista de la sociedad catalana a la masa secesionista. Aquí se produjo un salto cualitativo muy importante a favor del secesionismo en clases sociales obreras de origen no catalán que, por su propia condición social, hasta ese momento habían estado más centradas en necesidades más perentorias y que, por este motivo, no habían sido favorables al riesgo que puede generar una eventual independencia. Esto también explica que el independentismo siempre haya estado mucho más consolidado en las clases sociales con rentas altas. Sin embargo, en la actualidad, en torno al 30% de las personas con rentas inferiores a 1.200 € apoyan la independencia.

Existe un paralelismo interesante entre el aumento constante de independentistas en sectores sociales desfavorecidos y el incremento de las tasas de paro durante los años más duros de la crisis. Por ejemplo, las grandes manifestaciones de 2010 y 2012 tuvieron lugar tras fuertes incrementos de la tasa de paro. Cruzando los datos entre cuando se produjeron las manifestaciones, con las tasas de paro desde 2008, se puede observar que el paro era del 17,71%, cuando se produce la manifestación en julio de 2010, y de un 22,56%, en la Diada de septiembre de 2012.

Añadidamente, se ha de recordar que el 25 de julio de 2012, el Parlamento autonómico aprobaba la reivindicación de un pacto fiscal para Cataluña, en virtud del cual la Generalidad pretendía recaudar todos los tributos devengados en la Comunidad, así como disponer de una Agencia Tributaria propia. La reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy para solicitar ese pacto fiscal para Cataluña, se producía a continuación, es decir, en el punto álgido de la crisis. La negativa del Presidente del Gobierno de España se incluirá después en el listado de supuestos agravios económicos a Cataluña, ligado a la reivindicación clásica del espolio fiscal, las balanzas fiscales y el “España nos roba”.

Lo realmente interesante es que, frente a tales acusaciones, hayan tenido tan poca repercusión en la sociedad catalana otros hechos muy relevantes desde el mismo plano económico: 1º) Que la Comunidad Autónoma de Cataluña se acogiera al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por las mismas fechas, y que haya sido la Comunidad más favorecida por la ayuda estatal. A 2017, se ha financiado a la Generalidad con nada menos que 70.909,6 millones de Euros, mientras que la Comunidad Valenciana, la segunda en el ranking, se ha beneficiado de 53.756 millones (datos oficiales de los Informes sobre los mecanismos de financiación de las administraciones territoriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública); 2º) Que la proclama clásica del “España nos roba” fuera demostrada falsa por diversos estudios, entre los que destaca la contundencia del realizado por Josep Borrell y Joan Llorach, “Las cuentas y los cuentos de la independencia” (Ed. Catarata). Llama la atención que tras esta serie de publicaciones, los líderes independentistas se hayan prodigado en afirmar que ellos nunca dijeron aquello del “España nos roba”; y 3º) Que el Govern, mientras realizaba los recortes más intensos de toda España, seguía gastando cantidades muy importantes de dinero en internacionalizar el proceso, así como en gasto institucional relacionado con la promoción del proceso, o bien en subvenciones a entidades y asociaciones relacionadas con el independentismo.

En fin, no se puede negar la habilidad del “procesismo” para lograr la combinación del independentismo clásico identitario, con el nuevo independentista de corte económico. Ahora bien, ese éxito no puede entenderse si, de forma pareja e inescindible, no se analiza la crisis como un factor determinante en la creciente movilización social. El “procesismo” ha imbuido lentamente en los distintos grupos sociales la idea de que ciertas políticas a nivel nacional debían ser interpretadas como ataques a los intereses de Cataluña y, además, ha logrado movilizarlos como vanguardia de presión política. Pasamos con esto, al segundo de los objetivos identificados anteriormente.

En puridad habría que decir que el origen de la movilización es anterior al comienzo de la crisis. Las movilizaciones se iniciaron al albur de la negociación de la reforma del Estatuto de Cataluña, pero como ya hemos mostrado, existe un paralelismo claro entre el aumento de la movilización y la situación económica. Para abordar este aspecto, se nos permitirá introducir otro elemento adicional al de la crisis. Centraremos ahora la atención en cómo se ha manejado la reforma del Estatuto de Autonomía, como otro de los agravios contra Cataluña, con el fin de promover esa movilización.

Pocos meses antes de que fuera aprobada la reforma, en julio de 2006, el movimiento social secesionista empezó a manifestarse y a movilizarse de forma masiva. El 18 de febrero de 2006 se produjo la primera manifestación convocada por la Plataforma pel Dret a Decidir y bajo el lema “Som una nació i tenim el dret de decidir”; el 1 de diciembre de 2007, hubo otra gran manifestación bajo el lema “Som una nació i diem PROU! Tenim el dret de decidir sobre les nostres infraestructures”.

¿Era ya ese movimiento tan masivo como pudiera parecer? La respuesta es negativa, a pesar de que fueron manifestaciones con gran afluencia de gente. Cáigase en la cuenta de que ambas manifestaciones tuvieron antes y después de que se celebrara el referéndum sobre la reforma del Estatuto (18 de junio de 2006) y, por ello, de su aprobación. Es interesante detenerse en los momentos previos a esa consulta, así como en la participación y el resultado de la misma, para que la respuesta dada al interrogante formulado guarde sentido.

En cuanto al momento previo al referéndum, es muy útil acudir al barómetro del CIS del mes de mayo de 2006. Nos centraremos en las respuestas a la pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Si se analizan las respuestas con base en la discriminación que permite el “recuerdo de voto”, se podrá observar que el “problema” la “reforma de los Estatutos”, únicamente preocupaba al 4,5% de los votantes de ERC. Los datos son parecidos meses antes o en el mismo mes de junio. En otras palabras, la reforma del Estatuto de Cataluña, no preocupaba ni a los propios catalanes.

Esto explica, en parte, que la participación en el referéndum fuera tan baja. La participación no llegó al 50% (2.594.167 personas) y de los 5.310.103 ciudadanos que conformaban el censo electoral, votaron a favor, 1.899.897 (el 73,9%), mientras que 533.742 votantes (el 20,76%) lo rechazaron. Hubo, además, 137.207 votos en blanco (el 5,33%) y 23.321 nulos. Aparte de la falta de interés, el resultado estuvo condicionado tanto por el sentido del voto pedido por los distintos partidos (PP, ERC y CUP pidieron el “No”), como por la decisión de la Junta Electoral Central, luego confirmada por el Tribunal Supremo, de prohibir que la Generalidad animase a la participación a través de los medios de comunicación, en la medida en que la campaña de promoción del voto violaba la Ley Electoral. Sea como fuere, lo cierto es que el día 18 de junio hizo un día magnífico y todavía se recuerdan los comentarios de la gente en las playas de Barcelona diciendo a los medios de comunicación que no iban a ir a votar, porque la polémica sobre el Estatuto no les interesaba demasiado.

¿Cómo es posible que una reforma estatutaria que había generado poco interés social, se convirtiera, sin embargo, en punta de lanza de los agravios contra Cataluña? La clave está en quién estaba en el gobierno catalán y cómo se gestionó esta cuestión, pero también, como veremos en el siguiente comentario, en el incremento de la incidencia de la política en los medios de comunicación. Ahora sólo nos centraremos en qué acontecimientos políticos tuvieron lugar en esos años, para tratar de entender por qué algo relativamente importante, se transformó en algo absolutamente fundamental.

Por aquellos tiempos, una gran movilización que seguía vigente eran las consultas soberanistas realizadas entre septiembre de 2009 y julio de 2011 en 554 localidades catalanas, en las que votaron 884.508 personas. El resultado (esperable, por otro lado) fue el de un 91,74% de votos favorables a la pregunta: “¿Está de acuerdo que la nación catalana (o Cataluña) sea un estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea (en Europa)?”. Es interesante, como decíamos, detenerse en este momento, porque aquí no sólo se dicta la Sentencia del Tribunal Constitucional, sino también tiene lugar un cambio en el Govern que toma partido, ya indefectiblemente, por el procesismo y la radicalización.

Al día siguiente de la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional, día 9 de julio de 2011, se produjo la manifestación convocada por Òmnium Cultural, bajo el lema de “Som una nació, nosaltres decidim”. Pues bien, es curioso observar que ni en la Diada de 2010, ni en la de 2011 hubo manifestaciones masivas como la que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2012. Es decir, la movilización social era creciente, pero la relacionada con la reforma del Estatuto, queda cortada en julio de 2011. ¿Qué sucedió para que, a pesar de la Sentencia a la que tantos males para Cataluña se le ha imputado, no hubiera grandes movilizaciones en esas fechas clave?

Varios acontecimientos responden a este interrogante. El primero es que, en la Diada de 2010, todavía seguía en el Govern el tripartito encabezado por José Montilla y con ERC de socio. Sin embargo, en 2012, ya era Presidente Artur Mas, y además tuvo lugar otro acontecimiento clave: en marzo de 2012 se constituye la Assemblea Nacional Catalana (ANC), asociación que se alza como portavoz y aglutinador del movimiento, con capacidad creciente para influir en las decisiones políticas, precisamente, por su capacidad de movilización. La manifestación de la Diada de 2012 fue convocada por la ANC.

Hagan un ejercicio de búsqueda y encuentren fotografías de las manifestaciones de la Diada desde 2012 en adelante. Por entonces, todavía la Senyera compite con la estelada. A partir de ese momento, y quizá, concretamente, de 2015, la Senyera tiene una presencia testimonial y la estelada se alza como símbolo.

En definitiva, la Sentencia del Tribunal Constitucional pudo ser importante, pero la clave es otra: el éxito de la movilización y la decantación de CiU por el secesionismo, en buena medida presionado por ese entorno social. Esa conjugación política y social nos adentra en la fase clave del “procesismo” y en la etapa más perturbadora del independentismo. Aquí, los gobiernos catalanes asumen la causa de la independencia como propia y promueven tantas consultas, elecciones plebiscitarias y referéndums ilegales, como es necesario hasta declarar la independencia de Cataluña. Aquí el populismo, como forma de hacer política, se adueña total y absolutamente de la política.

La concentración de causas dispares (la identidad, la crisis), articuladas a través de la movilización social, empujaría a una preocupante simplificación de ideas (el lema, el eslogan, el “tuit”), cuando no a la más burda manipulación; al mensaje del odio: buenos y malos, incorporando un mensaje de corte ético que está dirigido a eliminar al contrincante, representante de lo malo para Cataluña; esto lleva a la eliminación de la discusión, pues no es posible hablar con quién quiere el mal para Cataluña, así como una creciente polarización social con el arrinconamiento del disidente. En definitiva, el “procesismo” se instala en el más burdo populismo que le dirige a implantar y fomentar las técnicas ya inventadas por el totalitarismo (ensalzamiento de símbolos, manifestaciones grandiosas y orquestadas para generar gran impacto, la utilización de los medios de comunicación y de la escuela para difundir ideas…). Pero sobre todo esto nos extenderemos en el último comentario de esta serie.

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