Y todavía dicen algunos que ser President por internet es posible…

Me sorprendo estos últimos días con comentarios de reputados Catedráticos que parecen admitir como posible que Puigdemont “el fugado” pueda ser investido President. Me temo que hacer ese tipo de afirmaciones sólo puede deberse a una previa factura emitida, a un voluntarismo desviado o a una ingenuidad que roza lo sospechoso (o a todos o parte de esos factores juntos).

El primer dato en contra de esa posibilidad es el dato empírico. Salvo error, algo así no tiene precedente alguno.  ¿Por qué no lo tiene? En primer lugar, es evidente que la tecnología no habría permitido algo así hasta hace pocos años, de modo que lo más probable es que también en esto los independentistas quieran ser los primeros. Segundo, aunque la tecnología sea reciente, otro dato que permite entender que no haya supuestos similares en la historia reciente es la propia dignidad del cargo que se asume. El Presidente, aparte funciones políticas y administrativas del más alto nivel, ejerce la máxima representación de la Generalidad. ¿Cómo se pueden ejercer esas funciones vía telemática? Aquí, como han sugerido algunas opiniones doctas, todo dependerá de si la tecnología lo permite. Es decir, podrá haber un Presidente online dependiendo de si hay un software que permita ejercer la función. El mero hecho de que un cargo electo, máxima representación de una Comunidad, pueda depender de un ordenador, significa que ya no sólo hace falta ser español y mayor de edad para ser elegido Presidente, sino también disponer de tecnología adecuada y, lógicamente, tener dinero suficiente, que se presupone público, para financiar el dispendio. El montante final del gasto dependerá de que el elegido esté en otro país europeo, en América o, por qué no, en La Luna (esto último, dicho con segundas, es realmente lo que estamos viviendo).

Tercero, aun en el caso de que exista una tecnología disponible y relativamente barata, el siguiente inconveniente a salvar sería el hecho de que el recurso a la tecnología nos exigiría normalizar, como nunca lo ha sido, que la presidencia en funciones se convierta en la presidencia ordinaria. Hasta ahora, si el Presidente abandona por causa de sus responsabilidades el país, inmediatamente el Vicepresidente asume la presidencia en funciones. Sin embargo, lo que ahora se pretende es que el carácter “en funciones” de un cargo ya no dependa de estar presente y asumir el día a día de sus funciones, sino de poder conectarse tantas veces como sea necesario, previa instalación de los dispositivos precisos. Esto, me lo van a permitir, suena tan raro, tan surrealista, que es imposible de admitir. Ahora bien, tal vez, como también se ha llegado a plantear, lo que se quiere es que, efectivamente, el President online, lo sea siempre en funciones. En tal caso, esto es tanto como institucionalizar una anormalidad. Esto es tanto como no elegir un Presidente que asume sus funciones, en la medida en que quien las asumirá será su Vicepresidente.

Salvadas estas consideraciones, todavía quedaría otro problema. Ya no sólo se necesita una tecnología y muchas ganas de justificar lo que es manifiestamente incoherente. Habría que modificar el Reglamento del Parlamento de Cataluña que, como se ha reiterado estos días, no prevé la posibilidad que se está planteando. La ausencia de los electos diputados no incide en la plenitud de ejercicio de sus derechos. Estos pueden delegar su voto en situaciones como enfermedad grave, hospitalización, incapacidad prolongada, maternidad o paternidad. Fíjense que nuestro ordenamiento elige algunos motivos muy concretos y que se fundamentan en bienes jurídicos constitucionalmente relevantes. Es entendible que se facilite el voto de quienes no pueden ejercerlo por razones como las indicadas. En otro caso, el derecho al sufragio activo se podría ver limitado por este tipo de circunstancias, la mayoría de ellas, imprevistas. Ahora bien, quienes tienen tan claro que alguien fuera del país puede acceder al cargo de Presidente y votar (delegando el voto o por “correo electrónico”), deberían explicar qué bien jurídico relevante concurre en una persona fugada de la justicia a la que se le imputan delitos muy graves. O más específicamente, nos deberían explicar qué bienes jurídicos, similares a los antes citados, concurren en un caso como el que ahora nos interesa, que pudiera legitimar modificar el Reglamento de la Cámara e introducir un nuevo supuesto de voto no presencial.

Como seguro que la ingeniería jurídica todavía permitirá a algunos superar estos problemas, todavía me interesa que se nos justifique una última cuestión. Los diputados electos tienen la obligación de asistir a los debates y a las votaciones del Pleno y de las comisiones de las que sean miembros (art. 4 del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Aquí volvemos al comienzo: si la tecnología lo permite, una pantalla o un holograma, o por qué no, una fotografía en cartón-piedra, podría servir para presumir la asistencia, o, por qué no, el voto por correo electrónico directamente a la Mesa del Parlamento. Cualquier cosa podría valer y tener cabida en una eventual modificación del Reglamento. Ahora bien, ¿no es todo esto demasiado ridículo? ¿No son demasiadas excepciones, particularidades y especialidades de caso único? La modificación del Reglamento deberá hilar muy fino para justificar cómo introducir este supuesto pensando en una situación con nombres y apellidos.

El Derecho, para algunos, parece ser que lo aguanta todo. Sin embargo, hay otros que todavía pensamos en que el ordenamiento debe ser un orden jurídico coherente. No se trata de introducir regulaciones singulares y sesgadas que salven la papeleta a unos. Se trata de que el Derecho es algo mucho más serio y mucho más poderoso que una persona. Regular para las personas y no para una persona es la máxima.

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