Y todavía dicen que no hubo violencia: reflexiones sobre cómo interpretar el delito de rebelión.

La decisión de dejar en libertad bajo fianza al expresidente fugado de Cataluña ha sido, sin lugar a dudas, un gran varapalo para los que confiamos en la justicia. Lo más doloroso, desde luego, es el descrédito que quieren promover de España como Estado democrático y de Derecho. También resulta triste que la opinión pública acepte la idea que se quiere transmitir, y lo están consiguiendo con éxito ante la pasividad comunicativa del Gobierno de España, de que con la calificación de los hechos que hace el auto de procesamiento, se estaría, nada más y nada menos, que determinando la suerte penal de los encausados. Esto es lógicamente falso.

A la espera de la reacción de las autoridades judiciales españolas (para plantear cuestión prejudicial ante el TJUE y, luego en su caso, para retirar la eurorden o para modificarla), no se puede resistir la necesidad de valorar si es tan descabellado, como se nos pretende hacer creer, que en septiembre y octubre del año pasado en Cataluña se cometió un delito de rebelión. Esto, necesariamente, pasa por reflexionar sobre el nivel de violencia que exige el art. 472 del Código Penal cuando tipifica este delito.

En la guerra ante la opinión pública que ganan de largo los independentistas, se afianza la idea de que el delito de rebelión exige algo así como un levantamiento armado. Sin embargo, esto no es así. El art. 472 describe los fines que califican el tipo delictivo, incluyendo entre ellos: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (apartado 5º). Esos fines, dice el mismo precepto, deben procurarse alzándose violenta y públicamente. ¿Qué significa violencia? Es el art. 473 el que concreta las acciones encuadrables en el tipo delictivo.

En primer lugar, se prevén penas “reducidas” distinguiendo entre participantes y subalternos y, y esto es lo que ahora nos interesa, los inductores de los rebeldes, esto es, quienes hayan promovido o sostenido la rebelión, así como los jefes principales de ésta. En este último caso, la pena será “pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”. Lo interesante llega a continuación, en el apartado 2º del art. 473, donde se prevé el tipo agravado y donde las penas pueden llegar de veinticinco a treinta años para los promotores y jefes de la rebelión. Dice así: “Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión…”.

Cáigase en la cuenta de que el precepto no exige que se haya hecho uso de las armas; ni siquiera requiere que todas las acciones mencionadas sean cumulativas (la relación de supuestos se une con la conjunción “o”). Parece evidente que algunas de esas acciones sí se han producido, tales como estragos en bienes públicos (coches de la guardia civil), corte de vías de comunicación, violencia contra policías y guardias civiles, así como distracción de caudales públicos para financiar todo el proceso y el referéndum ilegal de octubre. En fin, no es equivocado decir que lo que entiende por violencia el art. 472 no necesariamente significa que exista un enfrentamiento físico blandiendo armas.

Imaginemos que no fuera posible probar, a pesar de las múltiples evidencias, que hubo acciones “violentas” de las enumeradas en el art. 473.2. ¿Esto quiere decir que no hubo violencia y, por tanto, no cabe imputar el delito de rebelión? Esto, como ya hemos señalado, es incorrecto. El art. 473.1 prevé el tipo no agravado que para que concurra no requiere que tenga lugar ninguno de los actos “violentos” que menciona el art. 473.2. No obstante, seguirá siendo necesaria la existencia de un alzamiento violento y público.

Aquí, es donde podemos incluir algunas reflexiones adicionales sobre lo que se ha de entender por “violencia”. Aparte de la violencia física a la que alude el tipo agravado del art. 473.2 del Código Penal, podemos pensar en la existencia de otras formas de violencia que sirvan, del mismo modo, para subvertir el sistema constitucional con la declaración de independencia de una parte del territorio nacional. Para ello, debemos acudir a un criterio interpretativo básico como el previsto en el art. 3.1 del Código Civil: la interpretación de las normas de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

Para justificar este planteamiento, pondremos algunos ejemplos. Se me permitirá, en primer lugar, poner un ejemplo basado en una serie titulada “Mr. Robot”. En la serie un grupo de hackers filocomunistas consiguen destruir las bases de datos de los bancos americanos, “liberando” hipotéticamente a millones de personas de sus deudas, en la medida en que el borrado de datos permitía eliminar cualquier rastro sobre las mismas. ¿Es esto violencia? ¿Es violencia que los servicios informáticos de la Generalitat (o los contratados ilegalmente por ella) obtuvieran y utilizaran interesadamente los datos personales de millones de personas para votar en un referéndum ilegal? No se trata de dar publicidad a algunos pocos datos de un sujeto determinado, sino de disponer masivamente y sin pudor alguno, con acceso por cualquier persona, de datos personales con una finalidad bien concreta (celebrar un referéndum ilegal), sin perjuicio, además, de que esos datos pudieran servir para marcar a quienes no hubieran votado.

Otro ejemplo puede ser manejado utilizando otra terrible manifestación de la violencia como es la violencia de género. Salvando las distancias, esto va de suyo, sólo se quiere recordar que también es violencia la violencia psicológica. Hasta aquí el paralelismo. ¿No es violencia coaccionar, amenazar, amedrentar e injuriar sistemáticamente a todo aquel que no piensa como los independentistas, incluyendo policías y guardias civiles?  ¿No es violencia utilizar las redes sociales y los medios de comunicación públicos para mantener un constante asedio a los disidentes? La violencia psicológica ha hecho que muchas personas no hayan podido expresar sus ideas por estar atemorizadas e, incluso, que hayan tenido que marcharse de Cataluña para huir de esa presión constante.

El mundo se ha transformado en los últimos veinte años a una velocidad formidable. El término violencia que utiliza el art. 472 del Código Penal no puede ser ajeno a esa realidad. Si no, como se podría deducir de la resolución del tribunal alemán que acaba de dejar en libertad al expresidente fugado, alguien que organiza, instiga y promueve una ruptura social, institucional y jurídica tan grave como la que vive Cataluña, podría ser juzgado por delitos menores.

Pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera sucedido si, aparte de todos los hechos descritos en los párrafos precedentes, los servicios de la Generalitat hubieran controlado los medios informáticos de tributación, las operaciones en puertos y aeropuertos, e, incluso, la producción de moneda, y todo ello, sin blandir una sola arma? Imaginemos que los partidos constitucionalistas nacionales no se hubieran puesto de acuerdo para aprobar la aplicación del art. 155 de la Constitución y que el PP no hubiera querido asumir esa responsabilidad en solitario. Sé perfectamente que esta hipótesis no es realista, pero y si hubiera pasado, y si pasa en el futuro… ¿A pesar de existir una conspiración organizada para subvertir el sistema constitucional y conseguir su objetivo (declarar la independencia), cuando el Estado lograse restituir la legalidad, sólo podría imputar a esos señores y señoras por malversación y desobediencia? Es tan chusco que esto pudiera ser así… Ahora bien, esto que es una mala noticia para España y Europa, es una fantástica ocasión para todos los populismos, nacionalismos e independentismos.

2 comentarios en “Y todavía dicen que no hubo violencia: reflexiones sobre cómo interpretar el delito de rebelión.

  1. Según lo que he leído para que la justicia alemana hubiera considerado el delito de rebelión tendría que haber existido la posibilidad de que el alzamiento hubiese acabado derrocando al gobierno español. ¿Esto es así? En caso de ser así, ¿qué alternativas tiene la justicia española para juzgar a Carles Puigdemont por rebelión? ¿Cabe la posibilidad de que Oriol Junqueras sea juzgado por rebelión y Carles Puigdemont únicamente por malversacion?

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    • Querido lector, gracias por tu comentario. El Auto del tribunal alemán aclara que el Tribunal Supremo alemán exige que la violencia sea de tal magnitud, que doblegue al Estado. Pone como ejemplo unas movilizaciones que se produjeron como consecuencia de la ampliación de un aeropuerto y que tuvieron como resultado la intervención de la policía de varios Länder. Como el Estado pudo superar la situación sin doblegarse, no hubo delito de alta traición. Claro esto genera una paradoja: sólo si el Estado se doblega tiene lugar el delito; el problema es que si el Estado se doblega ya no habrá nadie para reclamar responsabilidades por esos actos y, en el caso de España, habría un nuevo Estado llamado Cataluña. El Auto es impreciso, compara situaciones que no son comparables y exige un grado de violencia que, como digo, es absurdo; es más, reconoce que hubo violencia y que le es imputable al procesado.
      Más problemático es que es posible que el tribunal se exceda en las funciones que la Decisión Marco sobre la Euro-orden exige de los órganos jurisdiccionales nacionales. El tribunal debería limitarse a considerar si el delito en el Código Penal español es equiparable al previsto en Alemania; que la violencia que haya habido sea o no suficiente para que se condene a alguien por ese delito, es algo que debería valorar el Tribunal Supremo español. Que se les procese por ese delito no quiere decir que se les vaya a condenar, pues estamos en una fase inicial del proceso.
      En fin, si esto no se remedia, efectivamente podría suceder que algunos de los procesador pudieran ser juzgados por unos delitos más graves que su cabecilla. Esto, por pura coherencia, es probable que supusiera cambiar la imputación al resto.
      ¿Qué posibilidades restan? Primero acudir al TJUE planteando una cuestión prejudicial preguntando si el tribunal alemán ha aplicado bien la Decisión Marco o se ha excedido. Según el resultado de este incidente, cabría modificar o retirar la orden de extradición para incluir otros delitos. El problema es cómo está tratando el tribunal alemán el tema de la malversación. Está claramente prejuzgando y diciendo al Tribunal español lo que tiene que hacer, lejos de decir si los dos delitos son comparables.

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